Otro caso presentado en el informe fue el de Erlendy, una mujer afrodescendiente madre de un integrante de la “Primera Línea”, quien fue secuestrada por hombres armados vestidos de civil y agredida física y psicológicamente. Le dijeron que eso le pasaba por apoyar el Paro Nacional. Tras estos hechos, intentó buscar apoyo en una clínica pública, pero no se sintió cómoda con la atención recibida. Al momento de solicitar copia de su historia clínica, esta le fue negada. A pesar de esto decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, pero afirmó que el interrogatorio no se centró en la violencia basada en género, sino en obtener información sobre su participación en las manifestaciones y sobre la Primera Línea. Una semana después de presentar la denuncia, desconocidos la violaron y laceraron con un cuchillo por todo el cuerpo, y ha sido amenazada por policías, razón por la cual ella denuncia que la violencia sexual está vinculada con agentes de esta institución. También, se presentó el caso de Olivia, una mujer trans defensora de los derechos humanos, quien denunció ante Amnistía Internacional que el 15 de mayo se encontraba acompañando una manifestación en su rol de mujer defensora. El ESMAD lanzó bombas lacrimógenas contra el grupo y ella quedó sola, pues todos salieron corriendo. En ese momento empezó a grabar la agresión de un joven por parte de un agente de policía y fue abordada por detrás por un agente del ESMAD. Él le acercó su pene y se movió de manera sexual, dejándola en estado de shock. Tras el hecho, ha recibido amenazas por redes sociales en las que le decían que eso le pasaba por ser defensora de poblaciones vulnerables, por guerrillera, por ser defensora de “maricones”, prostitutas y vándalos, y que le iban a enseñar qué era violencia sexual. El día anterior había hecho la denuncia pública sobre la violencia sexual de la policía y al día siguiente le comenzaron a llegar estas amenazas. Situaciones como las que vivió Olivia ponen en relieve las graves fallas de las entidades estatales encargadas de proteger los derechos humanos durante situaciones de protesta y movilización social. Estas experiencias se suman a las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, como La Manada Colectiva Feminista de Cali, que ha documentado sistemáticas fallas en las respuestas institucionales ante casos de violencia de género. Sus informes señalan prácticas inadecuadas y revictimizantes por parte de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, lo que evidencia una alarmante desconexión entre los incidentes reportados durante las protestas y las acciones efectivas para garantizar justicia y protección a las sobrevivientes. Las deficiencias institucionales y las amenazas continúan obstruyendo el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de violencias basadas en género en Colombia. Estos obstáculos no solo dificultan la respuesta adecuada tras los primeros acercamientos de las víctimas, sino que también impiden la defensa, garantía y promoción de los derechos humanos. A pesar de los compromisos del Estado colombiano en el marco jurídico internacional, incluyendo la firma del pacto internacional de los derechos humanos y otros tratados y convenciones, la situación sigue siendo crítica. Las víctimas enfrentan barreras significativas que socavan los principios fundamentales que Colombia ha prometido defender. El impacto de las violencias basadas en género durante el Paro Nacional de 2021 en Colombia dejó secuelas profundas en las mujeres y personas de género diverso. Las agresiones, además de ser un ataque físico, representan una violación a la integridad y dignidad de las víctimas. La doctora Alejandra Pérez, especialista en salud pública, explicó sobre la repercusión que tienen las VBG en contextos de lucha social. Según Pérez, “las agresiones sufridas por las mujeres durante estos movimientos sociales no solo resultan en consecuencias físicas inmediatas como heridas, contusiones y otras lesiones graves, sino que también tienen efectos a largo plazo en la salud mental de las víctimas. Muchas mujeres agredidas en dichos espacios desarrollan trastornos de ansiedad, depresión severa y estrés postraumático. Estos problemas de salud mental también afectan su capacidad para participar en actividades diarias y laborales, minando su autoestima y su sentido de seguridad personal”. Un caso representativo de estas agresiones es el de María Beltrán, una activista que participó en el paro nacional de 2021, y relató la experiencia que vivió con un integrante del ESMAD: “Me capturaron en medio de la manifestación. Un agente del ESMAD me apartó del grupo, me sujetó con fuerza y comenzó a insultarme con comentarios denigrantes. Me decía ‘¿No que muy machita? Esto es lo que te hace falta, que te dominen’. Luego, me empujó violentamente al suelo, y mientras me golpeaba repetidamente, me agredió sexualmente, me bajo los pantalones y me tocó mi vagina. La experiencia fue aterradora y me dejó con múltiples lesiones físicas, incluyendo contusiones severas, una costilla rota y heridas en mis brazos y piernas. Yo me sentía tan sucia, tenía esa sensación de sus manos en mis partes íntimas todo el tiempo. Después del ataque, comencé a sufrir de pesadillas recurrentes y ataques de pánico. La ansiedad se convirtió en mi día a día, y sentía miedo y escalofríos cada vez que veía a un policía o escuchaba sirenas. También tuve durante mucho tiempo una sensación de culpa y vergüenza. No quería salir de mi casa; después de ese 8 de mayo, no volví a participar en el estallido y me aislé completamente de la vida social. El trauma de la agresión sexual fue muy difícil de superar; sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía y que había perdido parte de mi dignidad”. El temor a sufrir nuevas agresiones llevó a muchas mujeres como María a retirarse de las manifestaciones y otros espacios públicos. Este miedo, alimentado por la impunidad y la falta de protección estatal, no solo limitó su participación en el movimiento social, sino que también contribuyó a la invisibilización de sus demandas. La retirada de estos espacios significó una pérdida potencial de voces cruciales en la lucha por la justicia social y equidad, debilitando así el impacto y la representación del movimiento. Rosa Milena Perea, trabajadora social, resaltó las secuelas a nivel social que enfrentan las mujeres que son víctimas de estas violencias. “Estas mujeres experimentan frecuentemente aislamiento social, estigmatización y dificultades significativas para reintegrarse en sus comunidades. Además, se enfrentan a barreras importantes para acceder a servicios de salud mental y apoyo emocional, lo cual perpetúa su vulnerabilidad y afecta su bienestar general. Muchas veces, estas barreras las llevan a no denunciar los casos de violencia. Es crucial reconocer que estas mujeres enfrentan no solo el trauma personal, sino también un entorno social que a menudo las invisibiliza y excluye, perpetuando un ciclo de silencio y sufrimiento. Además, la falta de apoyo necesario para reconstruir sus vidas agrava esta situación. Por ejemplo, encuentran obstáculos para conseguir empleo o mantener relaciones saludables debido al estigma asociado con ser víctima de violencia”. En respuesta a estas dificultades, se ha observado un incremento en el uso de denuncias administrativas, amparadas por la ley 1437 de 2011, por parte de mujeres que buscan justicia en casos de VBG. Esta tendencia responde a la necesidad de procesos más ágiles y menos formales en comparación con los complejos procedimientos penales. Las denuncias administrativas permiten la implementación inmediata de medidas de protección para las víctimas, lo que es esencial para su seguridad y bienestar. Durante el estallido social, este método se consolidó como una herramienta fundamental para los organismos de derechos humanos que documentaron y reportaron numerosos casos de violencias basadas en género. La rapidez con la que se pueden activar las medidas de protección en estos procedimientos ha demostrado ser esencial para prevenir futuros incidentes y brindar una respuesta efectiva y oportuna a las víctimas. Esta modalidad de denuncia no solo facilita un acceso más expedito a la justicia, sino que también fomenta una mayor confianza en el sistema por parte de las mujeres afectadas, al ofrecerles una alternativa viable y menos intimidante para enfrentar y denunciar situaciones de abuso y violencia. Sin embargo, el problema se agrava cuando incluso las defensoras de derechos humanos se convierten en víctimas de estas violencias, como es el caso de Darnelly Rodríguez, abogada y defensora de derechos humanos en Cali. “Fui agredida el 3 de mayo de 2021 mientras ejercía mi labor en una estación de policía. Al intentar verificar la situación de unos detenidos, varios agentes comenzaron a amenazarme con violarme. Las amenazas siempre se dirigían a mi cuerpo: me golpearon en las partes íntimas, y no daban los golpes al azar, sino que me atacaban en los senos, la vagina y el trasero; una situación que muchas mujeres también vivieron. Un agente me dio una patada en el trasero que me dejó tirada en el piso sin poder mover una pierna, lo que posteriormente me causó una hernia en la columna”. Darnelly también comenta que, en su labor de defensora de derechos humanos, fue testigo de otros tipos de violencias basadas en género. Observó cómo chicas eran encerradas con numerosos hombres en celdas; hombres condenados por violencia sexual, homicidio y otros delitos. Así, las mujeres no solo eran violentadas en las calles por la fuerza pública, sino también dentro de las cárceles por los detenidos. La violencia verbal también era usual; las mujeres eran insultadas con términos como “perra”, “puta” y “pareces un macho”, insultos que no se dirigían a los hombres. Desde el ámbito jurídico, Darnelly señala que casi siempre hay una negativa a reconocer este tipo de violencias basadas en género. Los delitos suelen ser clasificados como lesiones personales. Por ejemplo, muchas mujeres podían ser golpeadas con correas en las nalgas en una estación de policía mientras les gritaban “perra”, pero para los entes de control como la Fiscalía, estas agresiones se consideran un delito común y no tienen nada que ver con su condición de ser mujeres. Aunque Darnelly interpuso la demanda penal apenas ocurrieron los sucesos, no ha tenido el más mínimo avance por falta de investigación del ente de control; y, en cambio, la demanda administrativa que presentó ya ha tenido dos audiencias. A pesar de las graves repercusiones, muchas mujeres y personas de género diverso han mostrado una notable resiliencia frente a las violencias basadas en género. Las redes de apoyo comunitario y las organizaciones feministas han sido esenciales en esta respuesta, brindando no solo apoyo psicológico y legal a las víctimas, sino también visibilizando estos problemas y presionando por cambios estructurales. La solidaridad y la organización colectiva han permitido a muchas víctimas encontrar un sentido de pertenencia y fortalecerse frente a la adversidad, subrayando la importancia de las respuestas comunitarias ante la violencia y la injusticia. En el contexto del Paro Nacional de 2021, la VBG puso de manifiesto las fallas sistémicas en la protección de derechos humanos, revelando una dimensión más profunda de la lucha social en el país. Estas agresiones, marcadas por su brutalidad y frecuencia, reflejan las tensiones históricas no resueltas en la sociedad colombiana. Las estructuras de poder continúan perpetuando la opresión y la marginalización de grupos vulnerables, y la respuesta estatal, caracterizada por la represión violenta y la impunidad, subraya la urgencia de transformar radicalmente las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía, pero que, en cambio, se convierten en agentes de violencia. Esta dinámica resalta una crisis de legitimidad y confianza que solo puede ser abordada mediante un compromiso genuino con la justicia y la equidad. Las experiencias vividas durante el Paro Nacional, aunque devastadoras, también han catalizado un despertar colectivo sobre la necesidad de un cambio profundo. La lucha contra las violencias basadas en género no es solo una cuestión de seguridad y justicia, sino un pilar fundamental para cualquier avance democrático significativo. Las voces de las mujeres deben ser el centro de esta transformación, pues son ellas quienes han impulsado un movimiento que no solo rechaza la violencia, sino que también imagina y crea un futuro más equitativo y humano para todos.